El Gobierno británico escaló la tensión diplomática con la Argentina por el conflicto de Malvinas. Lo hizo al comunicar, el martes en Londres y en forma oficial, su rechazo al arbitraje internacional que pide la Argentina para frenar la explotación petrolera en las islas Malvinas, en lo que se conoce como Proyecto Sea Lion.

Según deslizaron fuentes diplomáticas a LA NACION, la comunicación fue recibida por la embajadora argentina en la capital británica, Mariana Plaza. En el texto de rechazo, el Reino Unido calificó el pedido de arbitraje como un intento deliberado de “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”.

Tras ese encuentro, el Gobierno británico emitió este miércoles un comunicado oficial. “El pueblo de las islas Malvinas ha elegido libre y democráticamente su futuro, y tiene todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceros”, escribió la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran.

The Falkland Islands are British. We will always defend the Falkland Islanders' right to self-determination.
 
Read the United Kingdom's response to Argentina's latest attempt to undermine the rights of Falkland Islanders below. pic.twitter.com/dwobfm98o4

— Uma Kumaran MP (@Uma_Kumaran) September 30, 2026

Para la funcionaria británica, la decisión del país de iniciar un arbitraje constituye “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida de los habitantes de las Islas”. Además, aseguró que las actividades relacionadas con hidrocarburos en el territorio están reguladas por la legislación británica de las Malvinas y que se llevan a cabo “en plena conformidad con el derecho internacional”.

Por otro lado, indicó que esta semana el gobierno inglés le manifestó al canciller Pablo Quirno -que ahora se encuentra en París junto al presidente Milei- que “los esfuerzos por obstaculizar la actividad económica lícita en las Islas no constituyen actos de una relación internacional responsables”.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este medio, la embajadora argentina Plaza fue comunicada de los términos de la protesta formal británica el martes, un día antes de que se diera a conocer públicamente el texto. Por ende, al Gobierno no lo tomó por sorpresa el rechazo de Londres, pero la Cancillería no informó del encuentro de la embajadora ni emitió una repuesta.

En el mensaje, la diplomacia británica pareció realizar una advertencia. “Son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno. Este comportamiento plantea interrogantes sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”, afirmó Kumaran.

Asimismo, ratificó que Reino Unido continuará estando “codo a codo” con el gobierno inglés de Malvinas y con sus habitantes. “Defenderemos firmemente sus deseos, su economía y su derecho a determinar su propio futuro. Como ha dejado claro el primer ministro, nuestro apoyo es inquebrantable”, cerró.

El mecanismo de arbitraje

Mediante un comunicado, el Gobierno anunció el pasado lunes el inicio de una gestión para comenzar un arbitraje con el objetivo de “impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado Sea Lion, así como la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación”.

“La explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina”, afirmó.

En su cuenta personal de X, Milei compartió el mensaje y aseguró que si en dos semanas Reino Unido no frenaba la explotación ilegítima, el país iba a recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, un órgano independiente creado por la Convención de las Naciones Unidas.

Según su página oficial, el Tribunal está compuesto por 21 miembros “independientes”, elegidos entre personas de “reconocida reputación por su imparcialidad e integridad, y de competencia comprobada en el ámbito del derecho del mar” y cuenta con “jurisdicción sobre cualquier controversia relativa a la interpretación o aplicación del convenio”.